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Al menos cuatro de los ocho implicados hasta ahora en el asesinato de Berta Cáceres en 2016 serán llevados a juicio oral y público informó una fuente oficial.



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“El Ministerio Público llevará a juicio oral y público a cuatro de los ocho implicados en el asesinato de Berta Cáceres. De estos ocho detenidos, cuyos casos están judicializados, dos son considerados por la Fiscalía como autores intelectuales”, indicó la Presidencia de Honduras en un comunicado.

Las primeras capturas por el crimen se lograron dos meses después del hecho, que ocurrió el 3 de marzo, mediante la Operación “Jaguar”, en la que el Ministerio Público junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó diez allanamientos, cuatro en Tegucigalpa, igual cantidad en La Ceiba y dos en Trujillo (Caribe), apuntó la fuente.

El Gobierno sostuvo que desde el asesinato de la ambientalista ha habido “importantes avances en la investigación, de manera que el atroz crimen no ha quedado en la impunidad”.

Además, recordó que “un equipo especializado de los Estados Unidos se sumó a las investigaciones para dar con los responsables del crimen” y que en ese esfuerzo también se contó con la colaboración de Colombia.”

El Estado de Honduras aplicó la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, verificando las medidas de protección para el defensor de Derechos Humanos Gustavo Castro Soto, de nacionalidad mexicana, quien también se encuentra protegido por la Ley de Protección de Testigos en el Proceso Penal”, dijo la Presidencia.

Castro Soto, quien resultó herido de bala en una oreja, era huésped de Berta Cáceres y es el único testigo del hecho criminal que se registró en la ciudad de La Esperanza, en el occidente de Honduras, donde residía la ambientalista.

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Cáceres también era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y se oponía a un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país.

“El Gobierno de Honduras es respetuoso de los derechos humanos, por lo que no aceptamos que malos hondureños y organizaciones nacionales y extranjeras pretendan desconocer los avances y llevar informaciones falsas o tergiversadas para dañar el país con aviesos intereses particulares”, añadió la información oficial.

También señala acciones como la pronta apertura de la Secretaría de Derechos Humanos, la activación en 2016 de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia para resguardar a quienes se sienten amenazados y han solicitado protección de las autoridades.

Otras acciones oficiales son la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras con la participación de representantes del Gobierno, la comunidad internacional, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, indicó la Presidencia.

Como una “demostración de transparencia”, el Gobierno también recordó que ha promovido la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de Estados Americanos (OEA), “la cual funciona con todo nuestro apoyo desde inicios del año pasado”.

La Presidencia destacó además que se ha reducido en 30 puntos la tasa de homicidios y se trabaja en la depuración de la Policía Nacional, desde abril de 2016, mediante una comisión especial que también integra la sociedad civil.

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Según fuentes oficiales, en los últimos dos años la tasa de homicidios en el país, que rondó los 90 por cada 100,000 habitantes, se ha reducido a 60 y la tendencia sigue a la merma.


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