Fiscalía de Brasil denuncia al presidente Michel Temer por corrupción pasiva

La acción de la Fiscalía de Brasil convierte a Temer en el primer mandatario del país denunciado en ejercicio de sus funciones por haber cometido delitos de tipo penal.


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El Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, denunció este lunes ante el Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) al presidente Michel Temer por corrupción pasiva, en base a las investigaciones que desencadenó la confesión de los directivos de la gigante cárnica JBS.

La denuncia abre un proceso ante la Corte Suprema que podría apartarlo del cargo pero, antes, debe ser validado por dos tercios de la Cámara de Diputados, donde Temer tiene a priori una mayoría que podría salvarlo.

En la denuncia consta que “entre los meses de marzo y abril de 2017, con voluntad libre y consciente, el Presidente de la República, Michel Miguel Temer Lulia, valiéndose de su condición de jefe del Poder Ejecutivo (…) recibió para sí (…) una ventaja indebida de 500.000 reales” (unos 160.000 dólares)” ofrecidos por Joesley Batista, dueño de JBS.

Batista grabó al mandatario brasileño durante una visita que hizo a Temer en marzo pasado, por lo que la sospecha que se teje en torno al mandatario se refiere a hechos ocurridos en el ejercicio de su mandato, algo que la Constitución impone como requisito para que un gobernante pueda ser objeto de un proceso penal.

Se trata de la primera vez que un presidente del gigante sudamericano es denunciado por la Fiscalía de Brasil en pleno ejercicio de sus funciones por haber cometido delitos de tipo penal.

En esa visita, Michel Temer señaló frente a Batista al diputado Rodrigo Rocha Loures, del Partido del gobernante Movimiento Democrático Brasileño (PMBD), para resolver un asunto del holding J&F Investimentos, que controla JBS.

Posteriormente, según el diario O Globo, que filtró inicialmente el escándalo político, el diputado fue filmado recibiendo una maleta con 500.000 reales enviados por Batista.

Además de entregar grabaciones, los directivos de la empresa de carne han declarado que sobornan al mandatario desde 2010.

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En medios políticos y jurídicos esta denuncia se daba como un hecho, sobre todo porque el fiscal general, Rodrigo Janot, adelantó la semana pasada su convicción de que Temer “recibió ventajas ilícitas” del grupo JBS, que supuestamente negociaba Rocha Loures, hoy en prisión por ese mismo asunto.

El mismo convencimiento ha mostrado la Policía Federal, a cargo de las investigaciones y que en un informe preliminar entregado la semana pasada al Supremo sostuvo que existen “serios indicios” de que el mandatario incurrió “con vigor” en prácticas corruptas.

En otro informe entregado este lunes, la Policía Federal concluyó que Temer también intentó “obstaculizar investigaciones” y “dejó de comunicar a las autoridades” sobre maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento, lo que pudiera generar otras denuncias.

El primer análisis de la denuncia de Janot será hecho por el juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá luego si la remite a la Cámara Baja, que tendrá la última palabra sobre el asunto por normas constitucionales, según las cuales Temer será suspendido de sus funciones por 180 días si fuera aceptada.

En caso de que el juez Fachin considere procedente la denuncia, la decisión final la analizará primero la Comisión de Constitución y Justicia y luego el pleno del órgano legislativo.

En caso de que los diputados avalen la denuncia ante la Fiscalía de Brasil con una mayoría de dos tercios del pleno, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia.

Si fuera finalmente condenado, en un plazo de treinta días Maia debería convocar a las dos cámaras legislativas para elegir en forma indirecta a quien completaría el período presidencial, que en este caso concluye el 1 de enero de 2019.

Sin embargo, todo eso quedaría en nada si los diputados rechazan la denuncia, pues eso obligaría al Supremo a archivar el caso y el presidente continuaría en el poder.

El actual mandato presidencial lo inició el 1 de enero de 2015 Dilma Rousseff, quien fue destituida por irregularidades fiscales el año pasado y sustituida por Temer, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente.

REUTERS/AFP


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